Libelo tendrá al menos 3 capítulos: los 7 abogados que colaboran con la oposición en la AC contra el ministro Rabat

El bloque opositor convocó a exautoridades y especialistas en derecho constitucional para revisar los fundamentos técnicos de la Acusación Constitucional contra el titular de Justicia, centrada en polémicas rebajas de condenas.

La oposición dio un nuevo paso en la preparación de la Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras sostener una reunión de coordinación con juristas y exautoridades para definir la estructura y los sustentos legales del libelo acusatorio. Aunque la redacción final permanece bajo la responsabilidad de los equipos jurídicos de los partidos y las bancadas parlamentarias, el bloque sumó la asesoría técnica de siete profesionales con trayectoria en el ámbito público, constitucional y de los derechos humanos.

Entre los especialistas convocados figura el exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, junto a la primera defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. A ellos se integraron el exjefe de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres durante el mandato de Michelle Bachelet, Williams García; el abogado especialista en derechos humanos del estudio de Nelson Caucoto, Francisco Bustos; además de los juristas Gabriel Osorio, José Antonio Ramírez y Constanza Tobar.

El texto en elaboración se estructurará en tres capítulos principales. El primer eje apunta a una eventual infracción o inejecución de la ley debido a las rebajas de condena concedidas a responsables de delitos sexuales contra menores de edad. El segundo apartado aborda los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad, mientras que el tercero sostiene una posible falta al principio de probidad por cuestionamientos a la precisión de la información entregada por el Ministerio de Justicia al Congreso Nacional.

Por el momento, los impulsores de la iniciativa se encuentran a la espera de antecedentes oficiales solicitados a la propia cartera de Justicia para afinar el documento antes de concretar su ingreso formal en la Cámara de Diputadas y Diputados. En paralelo, desde el Gobierno han reiterado el respaldo al ministro Rabat, defendiendo la legalidad de los decretos firmados por la autoridad.