Un académico advirtió que la discusión sobre el gasto municipal en celebraciones no debe centrarse únicamente en cuánto dinero se utiliza, sino en la justificación y el fundamento de cada peso invertido con recursos públicos.

El planteamiento surge en medio del debate nacional generado tras informes de fiscalización que revelaron elevados montos destinados a actividades festivas en distintas comunas, lo que ha puesto bajo la lupa la forma en que los municipios priorizan el uso de sus presupuestos.

Principio de legalidad es la clave del análisis

El experto explicó que el punto crítico no radica necesariamente en el monto del gasto, sino en si este cumple con el principio de legalidad y responde a las funciones que la ley asigna a los municipios. En ese sentido, un gasto público debe estar debidamente justificado y vinculado al beneficio de la comunidad.

De acuerdo con el análisis, las actividades financiadas con recursos municipales deben relacionarse con ámbitos como el desarrollo comunitario, la cultura, la salud o el turismo local, siempre dentro de las atribuciones legales de las municipalidades.

No todas las celebraciones son cuestionables

El académico precisó que no todas las actividades festivas constituyen un uso indebido de recursos, ya que muchas pueden generar beneficios para la comunidad, dinamizar la economía local o fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, el problema surge cuando no existe un vínculo claro entre el gasto y el interés público.

Asimismo, advirtió que incluso cuando los procedimientos administrativos se realizan correctamente, podrían existir reparos si el origen o la finalidad de los recursos no está debidamente acreditada.

Debate se intensifica tras informe de Contraloría

El análisis se produce luego de que un informe de la Contraloría revelara que diversas municipalidades destinaron más recursos a celebraciones que a ayuda social, con montos que superaron los $31 mil millones en el país durante los años recientes.

En ese contexto, especialistas coinciden en que el desafío para las autoridades locales es establecer prioridades claras y transparentes, justificando cada gasto con criterios de interés público y responsabilidad en el uso de fondos fiscales.

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