Junta de Vigilancia del Río Maule alerta por creciente incertidumbre jurídica que afecta a regantes y advierte riesgos en plazos de regularización de aguas

La discusión por los derechos de aprovechamiento de aguas volvió al centro del debate nacional, esta vez desde la voz técnica de la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM), que expuso en la II Jornada Nacional de Derecho de Aguas organizada por la Universidad de Talca. El director de la entidad, Gonzalo Araya, planteó con claridad la preocupación que enfrenta el mundo agrícola ante los actuales plazos de regularización y las consecuencias que podrían surgir si no se amplían con urgencia.

En el Panel N°4, centrado en Inscripción, Caducidad y Registro del Derecho de Aprovechamiento de Aguas, Araya presentó la ponencia titulada “Sustento jurídico del artículo 1° transitorio de la Ley N°21.435: ¿Se terminó la perpetuidad?”. Su intervención fue reconocida por especialistas y académicos por su profundidad técnica y por abordar un punto crítico: la fragilidad jurídica que viven los usuarios en un momento clave para la gestión hídrica del país.

El director explicó que los regantes se encuentran expuestos a escenarios de alta incertidumbre frente a los nuevos marcos normativos. “Expusimos nuestra postura. Dejamos planteada la incertidumbre que viven los usuarios de aguas, quienes se mantienen en una situación de inseguridad jurídica ante una posible expropiación disimulada. Debemos unificarnos con la DGA y avanzar juntos para resolver completamente este escenario”, afirmó Araya, destacando la urgencia de coordinar criterios y evitar afectaciones al desarrollo agrícola del Maule y del país.

Durante su presentación, la JVRM advirtió que los plazos de regularización pueden derivar en riesgos que comprometan la continuidad de las actividades productivas, especialmente en zonas donde el riego es esencial para la supervivencia de miles de hectáreas. La entidad recalcó la importancia de completar procesos de inscripción y saneamiento para asegurar certeza jurídica sobre el agua que utilizan agricultores, asociaciones y comunidades de regantes.

El análisis expuesto por la Junta se suma a un trabajo institucional más amplio, enfocado en fortalecer la información disponible para los usuarios, apoyar procesos de regularización y promover acciones que permitan resguardar derechos adquiridos. Entre los ejes planteados destacan la necesidad de ampliar los plazos vigentes, destinar mayores recursos a la Dirección General de Aguas, uniformar criterios administrativos con sustento legal y desarrollar programas de capacitación técnica para usuarios y organizaciones.

El llamado fue claro y directo: unir a los regantes, al Estado y a las instituciones del sector hídrico para enfrentar un escenario normativo más complejo que nunca, donde la seguridad jurídica es un elemento esencial para la estabilidad productiva del Maule y del país.